Foto: Samuel Arquellada
En respuesta a la Directiva de la Vergüenza para el retorno de inmigrantes aprobada recientemente por el Parlamento Europeo, las organizaciones abajo firmantes os convocamos a todos y a todas a la CONCENTRACION del próximo Martes 1 de julio a las 20.00h en la Plaza de España de Zaragoza.
“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” (Artículo13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948).
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración” (Artículo 31 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948).
El pasado 18 de junio se aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio.
Esta nueva normativa ha sido bautizada como “directiva de la vergüenza” porque criminaliza a las personas que llegan al territorio de la Unión Europea escapando de una miseria generada por las políticas globales impuestas por las grandes potencias económicas, sus ejércitos y sus empresas multinacionales.
La directiva de la vergüenza invierte la supuesta tendencia de internacionalización de los Derechos Humanos para crear una nueva subcategoría jurídica, la de persona ilegal, que convierte en delito una cuestión administrativa. Algunas consecuencias:
- Hasta año y medio de internamiento forzoso sin dictamen judicial.
- Prohibición de entrada durante 5 años ampliable por razones de “seguridad” (ha de saberse que la Ley española ya establecía límite mínimo de 3 años y máximo de 10).
- Posibilidad de deportación de los menores de edad no acompañados, incluso a terceros países con los que no tienen ninguna relación.
- Por mucho que el texto de la directiva lo niegue, se contradice el “interés superior del menor” recogido en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño al no adoptar medida específica alguna para la protección de las personas menores de 18 años: también se puede encerrar a niños y niñas.
Estas barbaridades se sustentan en criterios ambiguos como “la falta de cooperación” del inmigrante o de los terceros países, prestándose a todo tipo de abusos. En un alarde de cinismo se llega a afirmar que la reclusión “no será en centros penitenciarios ordinarios, sino en centros de internamiento”. ¿Qué garantiza eso? ¿Qué decir sobre la previsible saturación y el consiguiente hacinamiento de estos centros? Pues que en ese caso podrán ser enviados a prisión, y ya está.
Esta cuestión lleva años motivando las denuncias del Parlamento Europeo a países como Francia, Italia, Grecia, Alemania, Malta, Reino Unido,… pero dedica los informes más duros al Estado español. El último informe, encargado por el Parlamento Europeo este mismo año, habla de un “desproporcionado sistema carcelario” para los sin papeles, de malos tratos, de incontables violaciones de derechos y de obstrucción a la investigación por parte de la administración española.
La realidad es que nos encontramos frente a los campos de concentración del siglo XXI.
Con el Tratado de Lisboa en proceso (frustrado) de ratificación y en plena “recesión” económica, la directiva de la vergüenza ratifica la función de la UE: proteger el libre movimiento de capitales y controlar el movimiento de seres humanos. No es libertad, no es igualdad, no es fraternidad: es encierro, deportación, injusticia, expolio y racismo.
Así, con la creciente precariedad laboral y la destrucción de empleo que se avecina, se anuncia que “hay que apretarse el cinturón”. De una parte, se obliga a la propia clase trabajadora de la UE a aceptar retrocesos históricos en sus condiciones laborales. En consecuencia, el enfrentamiento entre poblaciones se sirve en bandeja: siempre habrá alguien más explotado a quien presentar como una “amenaza” para ese falso bienestar de 65 horas laborales por semana. No es casualidad el anuncio casi simultáneo de ambas medidas.
El gobierno español nos presenta esta directiva como un “triunfo” porque impone un límite a los estados que carecían de regulación mientras que, en un país “garantista” como el nuestro, permite mantener las condiciones previas. Sin embargo, a pocos días de la aprobación, el propio gobierno anunció una reforma de la Ley de Extranjería que amplía el plazo de detención de las personas indocumentadas y limita la posibilidad de reagrupación familiar.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante las medidas racistas y xenófobas que han situado a la práctica totalidad del espectro parlamentario europeo en la ultraderecha.
Exigimos a la Europa del capital y la guerra que asuma, sin más represión, criminalización o ilegalización, las consecuencias de sus políticas generadoras de muros sociales, vallas en las fronteras y cadáveres en el mar.
No a la directiva de retorno de inmigrantes.
No a la directiva de la vergüenza.
“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” (Artículo13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948).
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración” (Artículo 31 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948).
El pasado 18 de junio se aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio.
Esta nueva normativa ha sido bautizada como “directiva de la vergüenza” porque criminaliza a las personas que llegan al territorio de la Unión Europea escapando de una miseria generada por las políticas globales impuestas por las grandes potencias económicas, sus ejércitos y sus empresas multinacionales.
La directiva de la vergüenza invierte la supuesta tendencia de internacionalización de los Derechos Humanos para crear una nueva subcategoría jurídica, la de persona ilegal, que convierte en delito una cuestión administrativa. Algunas consecuencias:
- Hasta año y medio de internamiento forzoso sin dictamen judicial.
- Prohibición de entrada durante 5 años ampliable por razones de “seguridad” (ha de saberse que la Ley española ya establecía límite mínimo de 3 años y máximo de 10).
- Posibilidad de deportación de los menores de edad no acompañados, incluso a terceros países con los que no tienen ninguna relación.
- Por mucho que el texto de la directiva lo niegue, se contradice el “interés superior del menor” recogido en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño al no adoptar medida específica alguna para la protección de las personas menores de 18 años: también se puede encerrar a niños y niñas.
Estas barbaridades se sustentan en criterios ambiguos como “la falta de cooperación” del inmigrante o de los terceros países, prestándose a todo tipo de abusos. En un alarde de cinismo se llega a afirmar que la reclusión “no será en centros penitenciarios ordinarios, sino en centros de internamiento”. ¿Qué garantiza eso? ¿Qué decir sobre la previsible saturación y el consiguiente hacinamiento de estos centros? Pues que en ese caso podrán ser enviados a prisión, y ya está.
Esta cuestión lleva años motivando las denuncias del Parlamento Europeo a países como Francia, Italia, Grecia, Alemania, Malta, Reino Unido,… pero dedica los informes más duros al Estado español. El último informe, encargado por el Parlamento Europeo este mismo año, habla de un “desproporcionado sistema carcelario” para los sin papeles, de malos tratos, de incontables violaciones de derechos y de obstrucción a la investigación por parte de la administración española.
La realidad es que nos encontramos frente a los campos de concentración del siglo XXI.
Con el Tratado de Lisboa en proceso (frustrado) de ratificación y en plena “recesión” económica, la directiva de la vergüenza ratifica la función de la UE: proteger el libre movimiento de capitales y controlar el movimiento de seres humanos. No es libertad, no es igualdad, no es fraternidad: es encierro, deportación, injusticia, expolio y racismo.
Así, con la creciente precariedad laboral y la destrucción de empleo que se avecina, se anuncia que “hay que apretarse el cinturón”. De una parte, se obliga a la propia clase trabajadora de la UE a aceptar retrocesos históricos en sus condiciones laborales. En consecuencia, el enfrentamiento entre poblaciones se sirve en bandeja: siempre habrá alguien más explotado a quien presentar como una “amenaza” para ese falso bienestar de 65 horas laborales por semana. No es casualidad el anuncio casi simultáneo de ambas medidas.
El gobierno español nos presenta esta directiva como un “triunfo” porque impone un límite a los estados que carecían de regulación mientras que, en un país “garantista” como el nuestro, permite mantener las condiciones previas. Sin embargo, a pocos días de la aprobación, el propio gobierno anunció una reforma de la Ley de Extranjería que amplía el plazo de detención de las personas indocumentadas y limita la posibilidad de reagrupación familiar.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante las medidas racistas y xenófobas que han situado a la práctica totalidad del espectro parlamentario europeo en la ultraderecha.
Exigimos a la Europa del capital y la guerra que asuma, sin más represión, criminalización o ilegalización, las consecuencias de sus políticas generadoras de muros sociales, vallas en las fronteras y cadáveres en el mar.
No a la directiva de retorno de inmigrantes.
No a la directiva de la vergüenza.
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